La escalada de la represión en Venezuela y los intentos del gobierno de evadir el escrutinio internacional son fenómenos preocupantes que amenazan las libertades fundamentales y el estado de derecho en el país. Esto incluye la expulsión de miembros de la OACNUDH, la detención arbitraria de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, y la suspensión de actividades de organismos internacionales.

Organizaciones internacionales, incluidas la FIDH y la OMCT, han expresado su firme condena a la decisión del gobierno venezolano de expulsar al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Esta medida se produce en un momento crítico, justo antes de las elecciones presidenciales programadas, marcando un punto de inflexión en la represión gubernamental que ya se encontraba en aumento. La importancia de la presencia de la OACNUDH en Venezuela radica en su labor de monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos, proporcionando un soporte crucial para las víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos.

El 9 de febrero de 2024, la detención arbitraria de Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos, y su posterior desaparición forzada tras ser retenida en el aeropuerto de Caracas, evidencia un patrón sistemático de abusos por parte de las autoridades venezolanas. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal y de su familia por obtener información sobre su paradero, el gobierno ha mantenido un silencio ominoso. Este caso no es aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de intimidación y represión contra opositores políticos y defensores de derechos humanos en el país.

El anuncio del gobierno venezolano de suspender las actividades de la OACNUDH representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos en Venezuela. Esta decisión no solo impide la labor esencial de monitoreo y asistencia a las víctimas, sino que también busca minimizar el escrutinio internacional sobre las prácticas represivas del gobierno. La expresión de preocupación de la OACNUDH por la detención de Rocío San Miguel y su calificación de desaparición forzada subrayan la importancia de su trabajo en el país.

La comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, debe insistir en el restablecimiento de una presencia efectiva de la OACNUDH en Venezuela y en la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Además, es crucial trabajar en la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) para septiembre de 2024. La labor de la FFM es vital para investigar violaciones de derechos humanos y crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, ofreciendo una visión clara de los patrones de represión y recomendaciones para prevenir y mitigar estos abusos.

Es imperativo que los Estados, organizaciones internacionales y mecanismos de justicia mantengan su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La situación actual exige una respuesta firme y coordinada para asegurar la protección de las libertades fundamentales y el estado de derecho en el país. La atención y acción internacionales son esenciales para contrarrestar la represión gubernamental y promover la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La situación en Venezuela es un llamado de atención sobre la importancia de la vigilancia y la acción internacionales en la defensa de los derechos humanos. La expulsión de observadores internacionales y la detención de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel subrayan la urgencia de una respuesta coordinada para enfrentar la represión y asegurar la justicia y la protección para las víctimas. La comunidad internacional debe permanecer firme en su compromiso con los derechos humanos y la democracia en Venezuela.