Desde su fundación en 1969, Petroperú ha sido centro de controversias y decisiones políticas que, con frecuencia, han desviado su rumbo de ser una empresa estatal modelo hacia ser un foco de problemas financieros y escándalos. La transición del estatismo a la privatización, marcada por la intención de vender partes de la empresa en los años 90, y la reciente polémica en torno a la Refinería de Talara, revelan la complejidad de administrar entidades estatales en un contexto de intereses políticos y demandas sociales.

Petroperú nació en un contexto de nacionalismo económico, reemplazando a la Empresa Petrolera Fiscal y tomando el lugar de la IPC, símbolo de la influencia extranjera en el sector petrolero peruano. A lo largo de los años, la empresa ha sido testigo y víctima de una serie de decisiones que la han politizado, alejándola del modelo de gestión profesional y sostenible que se esperaría de una empresa de su envergadura.

Una serie de reformas legislativas y administrativas han intentado modificar el rumbo de Petroperú, muchas veces sin el éxito esperado. La Ley 28840 de 2006 es un claro ejemplo, al retirar a la empresa del control de Fonafe y de otros sistemas de control estatal, una decisión que, según críticos, ha contribuido a su endeudamiento y a la falta de transparencia en su gestión.

El proyecto de modernización de la Refinería de Talara ha sido uno de los puntos más críticos en la historia reciente de Petroperú. Con un costo inicialmente estimado en 1,300 millones de dólares, el proyecto acabó costando más de 5,000 millones, generando dudas sobre su viabilidad financiera y necesidad real, dado el desfase entre la capacidad de producción de la refinería y la producción real de petróleo en el país.

Las decisiones tomadas bajo gobiernos con inclinaciones populistas han tenido un impacto significativo en la gestión de Petroperú. Iniciativas como el Petrobalón Popular, aunque bienintencionadas en su objetivo de reducir los costos del gas para las familias peruanas, reflejan una tendencia a tomar decisiones basadas más en ganancias políticas a corto plazo que en una estrategia económica sólida y sostenible.

La situación de Petroperú plantea un dilema sobre el futuro de las empresas estatales en el Perú. La privatización, vista por algunos como una solución, plantea desafíos propios, especialmente en términos de responsabilidad social y gestión de la deuda. Alternativas como la reestructuración de la gestión, mayor control y transparencia, y la búsqueda de inversiones estratégicas en exploración podrían ofrecer un camino hacia la recuperación.

La historia de Petroperú es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las empresas estatales en un contexto de política fluctuante y presiones económicas. Mientras el país busca un equilibrio entre el desarrollo económico, la soberanía nacional y la responsabilidad social, el caso de Petroperú sirve como un estudio de caso sobre los riesgos y oportunidades que presenta la gestión de recursos naturales en el siglo XXI. La solución para Petroperú y empresas similares requiere no solo de cambios administrativos, sino de un enfoque holístico que considere las implicaciones económicas, sociales y ambientales de su operación.