Ecuador ha emprendido una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado, marcada por un número significativo de arrestos, confiscaciones y la designación de grupos como terroristas. Esta campaña, denominada "conflicto armado interno" por el presidente Daniel Noboa, busca erradicar la violencia y el narcotráfico que asolan al país. En un período de 41 días, las autoridades han detenido a más de 8,600 personas, decomisado cantidades significativas de drogas y armamento, y enfrentado desafíos tanto en seguridad como en derechos humanos.

Desde el inicio de la ofensiva, el número total de detenidos ha alcanzado los 8,694, incluyendo 241 acusados específicamente de delitos de terrorismo. La magnitud de las operaciones de seguridad es notable, con más de 54 toneladas de drogas incautadas y 107,081 operaciones conjuntas llevadas a cabo. El arsenal decomisado incluye 2,587 armas de fuego, 12,437 explosivos, y más de 176,603 balas, lo que subraya la grave amenaza que representan estos grupos para la seguridad nacional.

Las fuerzas de seguridad no solo han incautado armamento, sino también una gran cantidad de vehículos y embarcaciones utilizadas por los criminales, destacando un semisumergible empleado para el tráfico de drogas. Sin embargo, la campaña ha tenido un costo humano, con la pérdida de dos miembros de la Policía y varios enfrentamientos armados que resultaron en la muerte de presuntos terroristas.

El presidente Noboa ha identificado a al menos 22 grupos como organizaciones terroristas, lo que permite una acción militar directa contra ellos. Esta decisión se enmarca en el Plan Fénix, que originalmente se enfocaba en recuperar el control de las prisiones del país pero que ahora se ha extendido para abordar la violencia y la criminalidad en las calles.

Ante las críticas y preocupaciones por posibles violaciones de derechos humanos, el presidente Noboa ha defendido firmemente las acciones del gobierno, rechazando cualquier cuestionamiento a la labor de las fuerzas de seguridad. Su postura refleja una determinación de no ceder ante la violencia y de proteger los derechos de la mayoría sobre las críticas.

La lucha contra el crimen organizado ha recibido apoyo internacional, incluyendo asistencia de Estados Unidos en forma de chalecos antibalas, equipos y expertos en seguridad. Esta cooperación internacional subraya la gravedad de la situación en Ecuador y el compromiso global de combatir el narcotráfico y la violencia asociada.

La ofensiva de Ecuador contra el crimen organizado es un claro ejemplo de la complejidad de combatir redes transnacionales de narcotráfico y violencia. Mientras el gobierno enfrenta desafíos significativos, incluyendo la preocupación por los derechos humanos, su determinación de restaurar la paz y el orden es evidente. La situación en Ecuador es un recordatorio de la necesidad de estrategias integrales y cooperación internacional para abordar las raíces y las manifestaciones del crimen organizado.