María Corina Machado, líder opositora venezolana y exdiputada liberal, ha desafiado abiertamente al Tribunal Supremo de Justicia de su país. Este organismo ratificó su inhabilitación política hasta 2036, una decisión que teóricamente le impide participar en futuras elecciones. Sin embargo, Machado se muestra desafiante y asegura su participación en las próximas elecciones presidenciales, representando al bloque antichavista mayoritario.

Las elecciones presidenciales en Venezuela están programadas para finales de este año, aunque la fecha exacta aún no está definida. Maduro, actual presidente, parece buscar un tercer sexenio. En este contexto, Machado, quien ganó las primarias con un 92,35% de los votos, se presenta como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazando cualquier posibilidad de ser sustituida.

Después del fallo del Tribunal Supremo, que selló su inhabilitación política por 15 años, Machado declaró que las elecciones no pueden realizarse sin su participación, argumentando que ella representa la "soberanía". Asegura tener estrategias bien pensadas para superar los obstáculos legales y promete sorpresas en el proceso electoral. Además, insiste en que el chavismo perderá las elecciones y sugiere que la mejor opción para el oficialismo sería una negociación política que facilite un cambio pacífico de gobierno.

La inhabilitación de María Corina Machado se enmarca en una práctica habitual del chavismo de utilizar sanciones políticas contra sus rivales. La Contraloría, que impone estas medidas, está facultada para actuar contra funcionarios bajo investigación. Sin embargo, la Constitución venezolana indica que solo una sentencia judicial firme puede impedir aspirar a la presidencia. Machado fue inicialmente inhabilitada en 2015 por un año, tras asistir a una reunión de la Organización de Estados Americanos como "embajador alterno" de Panamá. Posteriormente, en junio pasado, en medio de su campaña en las primarias, la sanción se extendió a 15 años. El Tribunal Superior de Justicia validó esta decisión basándose en acusaciones de corrupción y vínculos con Juan Guaidó, así como por supuestamente facilitar un "bloqueo criminal" y el "despojo de empresas y riquezas venezolanas en el extranjero". Machado afirma que nunca fue notificada formalmente de estas acusaciones ni tuvo oportunidad de defenderse.

La determinación de Machado de participar en las elecciones a pesar de su inhabilitación pone de manifiesto la tensión política en Venezuela y el desafío continuo de la oposición al régimen actual. Su caso refleja no solo una lucha política sino también un desafío a las normativas y procesos legales en el país, cuestionando la legitimidad y la independencia del sistema judicial venezolano. El desarrollo de esta situación será clave para entender el futuro político de Venezuela y la estabilidad de su democracia.